Salvador García Soto, en su opinión editorial dio a conocer una serie de trascendidos sobre las 16 horas de grabación que entregó Emilio Lozoya a la Fiscalía General de la República y los personajes involucrados entre los que destaca al actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a quien señala junto con su familia de operar “una red de testaferros o prestanombres a través de la cual adquieren y administran, una compleja red de empresas, de principal naturaleza comercial ganadera, construcción de inmuebles y energía eléctrica”.
Testaferros o prestanombres
En la columna, el editorialista señala que al gobernador de Tamaulipas se le han detectado en sus cuentas, movimientos financieros como un depósito que recibió en el 2019 por 33.4 millones de pesos de T-Seis Doce S.A de C.V, una empresa que tiene como accionista y representante legal a Juan Francisco Tamez Arellano, quien es beneficiario de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, un contratista del gobierno de Tamaulipas, administrador único y apoderado legal de 2 empresas que recibieron dos contratos por 54.5 millones de pesos de la administración de Cabeza de Vaca en 2016 y 2017.
A José Manuel García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador, le tienen documentado que recibió de 2012 a 2017, 13.7 millones de pesos, de diversas empresas que se encuentran listadas por el SAT como “simuladores” y otras con características de ser empresas fachada, de acuerdo a las fuentes del columnista.
Familia de testaferros
Los movimientos financieros de Cabeza de Vaca y varios de sus familiares son investigados no solo por las autoridades federales, también el gobierno de Estados Unidos pues de acuerdo a lo que señala el columnista, el Gobernador y su familia, cuentan con 10 empresas, de las cuales 2 están activas, con domicilios una en El Paso y otra en Galveston, Texas.
Las otras 8 empresas en territorio estadounidense que se encuentran inactivas registran domicilios en Beverly Hills, Los Ángeles, California y Seale. La DEA, el FBI y el Departamento del Tesoro de EUA investigan lavado de dinero, fraude bancario, electrónico y fiscal, así como presuntos nexos con el Cártel del Golfo.
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