Estos son los nexos de los exgobernadores de Tamulipas con el Cártel del Golfo y Los Zetas
Tamaulipas.- Tres exgobernadores de Tamaulipas han sido exhibidos en sus presuntos nexos con el Cártel del Golfo y Los Zetas luego de que periodistas de filtraran un documento elaborado por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR).
Se trata de Manuel Cavazos Lerma (1993 a 1999); su sucesor, Tomás Yarrington Ruvalcalba (1999 a 2004), y el sucesor de este, Eugenio Javier Hernández Flores (2005 a 2010), todos ellos priistas.
El documento al que tuvo acceso Breitbart Texas incluye declaraciones de testigos que acusan que miembros de alto nivel de Los Zetas y el Cártel del Golfo tenían gran influencia al seleccionar a los jefes policiacos de sus regiones, evidenciando así los actos de corrupción cometidos.
La investigación lleva por título "Caso Tamaulipas" y los documentos fueron elaborados por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud (UEIDCS), de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la averiguación previa es la 012/2009, según los archivos.
Eugenio Hernández Flores es el mandatario más implicado en los señalamientos. Las declaraciones acusan manipulaciones de contratos públicos de sumas millonarias a beneficio de funcionarios cercanos a él, entre ellos los otros dos exgobernadores.
Los objetivos principales de la investigación fueron, además de los tres exgobernadores, Mauricio Bernardo González Férnandez (exsubsecretario de Turismo), el empresario Fernando Alejandro Cano Martínez, el empresario Seyed Mohammed Farough Fatemi Corcuera, Ricardo Gamundi Rosas (exsubsecretario de Gobierno), Oscar Luebbert Gutiérrez, José Guadalupe Herrera Bustamante, Jorge Max Castillo, el empresario Gabriel Maldonado Pumarejo, Alberto Berlanga Bolado (exsecretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano) y el empresario Eduardo Rogrídez Berlanga.
Cabe recordar que Hernández Flores fue detenido en octubre de 2017 acusado de malversación de fondos, y desde entonces sus abogados llevan a cabo una batalla legal para evitar su extradición a Estados Unidos, donde es acusado de lavado de dinero, falsificación de documentos y peculado.
Yarrington, por su parte, fue acusado en 2012 por un testigo protegido de la DEA de haber levado dinero para el Cártel del Golfo y Los Zetas, además de estar presuntamente implicado en el asesinato de Rodolfo Torre Cantú.
Nexos con Los Zetas y el Cártel del Golfo
El principal testigo contra Hernández Flores es Antonio Peña Argüelles, bajo el alias "Ángeles", quien fue intermediario entre las autoridades de Tamaulipas y Los Zetas antes de verse obligado a escapar a EU y volverse testigo protegido del Departamento de Justicia.
"Ángeles" relata cómo fue que en una ocasión le preguntó a Miguel Ángel Treviño Morales, El "Z-40", si aceptaría a Eugenio Hernández como el ganador de la contienda electoral para la gobernatura de Tamaulipas. El narcotraficante preguntó cuánto habría que pagar, a lo que Peña respondió que es "trato de un hombre", y desde entonces se convirtió en el intermediario.
Otro testigo llamado Jesús Rodrigo Andrade Gallegos asegura que el exgobernador se reunía con miembros del Cártel del Golfo en un hotel de Tampico, y que en esas reuniones Hernández consumía drogas e incluso llegaba a excederse, por lo que tenía que ser trasladado al hospital privado Beneficiencia Español.
Desvíos
Una de las declaraciones, por ejemplo, relata cómo fue que el exgobernador intentó ordenar al recién electo alcalde de Tampico, Óscar Rolando Pérez Inguanzo, que las empresas vinculadas a su familia (de Hernández) fueran elegidas como el principal proveedor de suministros médicos al sistema de salud municipal.
Esto mediante una licitación que abriría el alcalde y permitiría a los familiares del mandatario manipular el proceso para ganar y cobrar los productos más caros.
Cabe señalar que Hernández Flores y su predecesor, Tomás Yarrington, actualmente enfrentan cargos federales en una corte de Texas por el delito de lavado de dinero.
Entre el material de la PGR figura un organigrama que despliega la red de empresas fantasma que el exgobernados, sus familiares y amigos utilizaban pra deviar millones de pesos de las arcas públicas.
La Fiscalía General de la República no ha aclarado hasta el momento si los datos recabados han sido utilizados para nuevas.
